Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia, fue la decisión de un juez de control de garantías en contra de Jonathan Jair Vélez Burbano, presunto responsable de abusar sexualmente de una joven de 23 años de edad, con discapacidad psíquica, en zona rural del municipio de Guacarí (Valle del Cauca).
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 1 de noviembre del 2020, cuando al parecer en un albergue para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad psíquica, fue abusada la víctima.
Las labores investigativas y los elementos materiales probatorios recaudados por policía judicial permitieron establecer la plena identidad del presunto responsable del ilícito, por lo que la Fiscalía solicitó orden de captura en su contra.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Seccional Valle del Cauca y la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura contra Vélez Burbano, el pasado 26 de enero.
En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló imputación de cargos al capturado, de 31 años, por el delito de acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir.
Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la integridad de las mujeres niñas, niños y adolescentes para proteger sus derechos enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/SMLR/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
