A Juan Diego Ortega Valencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta responsabilidad en el delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos en concurso con fabricación, tráfico, y porte y/o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones. El procesado no aceptó los cargos.
El Juez Noveno Penal Municipal con control de garantías cobijó con detención intramuros a Ortega Valencia, luego de avalar la solicitud del ente acusador.
Los hechos ocurrieron en la calle 44 con carrera 14A del barrio Chapinero, de la capital vallecaucana, cuando una patrulla motorizada de la Policía Metropolitana llegó a atender un requerimiento en donde supuestamente se realizaron varios disparos.
De acuerdo con los testigos, Ortega Valencia al parecer junto a un adolescente accionaron un revolver calibre 38 causando pánico entre la comunidad. Los hombres que intentaron huir en una motocicleta fueron capturados por los uniformados cuando el menor chocó contra un vehículo.
Ortega Valencia, al parecer, arrojó el arma de fuego dentro caneca de la basura, la cual fue recuperada por uno de los policías y sometida a análisis forenses de balística para establecer si ha sido utilizada en crímenes.
Entre tanto, un juez penal para Adolescentes dictó en contra del menor de edad medida de internamiento preventivo en un Centro de Atención Especializada.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo el
direccionamiento estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
JGPV/MG/DR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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