Los extranjeros fueron secuestrados y les habrían dicho a sus familias que debían pagarle un impuesto a la guerrilla.
Un fiscal de la Unidad de Estructura de apoyo presentó ante un juez con función de control de garantías a dos hombres y una mujer, como presuntos partícipes en el secuestro y posterior homicidio de dos ciudadanos costarricenses en marzo de 2018.
Gracias a la estrategia de investigación y judicialización de organizaciones criminales por delitos de alto impacto como el homicidio y el secuestro, se logró la materialización de las capturas de Adriana María Cotrina Olivares, Danilo Martínez Díaz y Carlos José Peña Rey, con apoyo de la Policía Judicial del Gaula Bogotá.
Estas personas al parecer estuvieron vinculadas en el secuestro de Ómar Gerardo Fernández González y Carlos Alberto Morales, quienes el 12 de febrero de 2018 viajaron a la ciudad de Bogotá a comprar mercancía (ropa). Según se evidenció, el 24 del mismo mes fue la última vez que las víctimas tuvieron comunicación con sus familiares y habrían sido secuestradas.
El 27 de febrero de 2018 en horas de la noche las familias de los extranjeros recibieron mensajes de texto, en los que un hombre que se identificaba como guerrillero de las Farc les exigía la suma de 250.000 dólares que tenían que pagar como impuesto a ese grupo armado.
La familia de uno de los rehenes envió a través de una empresa de giros internacionales, el 11 de marzo de 2018, solo 4.000 dólares.
El 22 de abril de ese año, servidores del CTI de Bogotá, con apoyo del Gaula Ejército, realizaron una diligencia de allanamiento en una finca ubicada en la vereda de San José del Chocho, en el municipio de Silvania (Cundinamarca), donde fueron hallados en una fosa los cuerpos de los costarricenses que, de acuerdo con el dictamen, tenían señales de tortura e impactos de arma de fuego.
En la investigación adelantada se determinó que Fernández y Morales fueron ultimados el 3 de marzo de 2018.
En audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó cargos a los tres detenidos, en calidad de coautores, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, tortura; fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados se allanó a cargos.
El juez con función de control de garantías avaló la solicitud del fiscal del caso e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres imputados.
Cabe recordar que en noviembre de 2018 cinco personas más fueron capturadas por estos hechos, dos de ellas exmilitares. Todas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de secuestro extorsivo agravado, tortura agravada, homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado, hurto calificado y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
LMFO/DLBM/LMV/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
