El Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett, aseguró que son procedentes las objeciones que hizo el Presidente de la República, Juan Manuel Santos -por inconstitucionalidad e inconveniencia- al proyecto de reforma a la justicia que fue tramitado por el Congreso de la República.
“La Fiscalía General de la Nación considera que las objeciones que ha formulado el Presidente de la República son procedentes desde el punto de vista constitucional”, dijo a periodistas.
Según el Fiscal General de la Nación las objeciones hechas por el Presidente tienen fundamento constitucional porque las comisiones de conciliación excedieron sus facultades al armonizar los textos aprobados en Cámara y Senado, afectando en forma grave la garantía del fuero integral del Presidente, Vicepresidente, Fiscal y otros altos funcionarios del Estado.
“El Presidente de la República sí tiene facultades en la Constitución para objetar las reformas constitucionales y por lo tanto mientras el Congreso de la República no decida sobre la viabilidad de las objeciones por inconveniencia e inconstitucionalidad que ha formulado el Presidente de la República no puede considerarse que ha entrado en vigor mediante publicación en el Diario Oficial de la Reforma a la Justicia”, explicó este martes el Fiscal General.
A juicio del Fiscal Montealegre Lynett, parte de la reforma es inconveniente, en particular aquellos textos en los cuales se incluyó entre los aforados a los secretarios de la Cámara de Representantes y del Senado, se debilitó la figura de la pérdida de investidura, se le quitó las facultades que tiene la Fiscalía General de la Nación para investigar a ministros, embajadores, gobernadores y altos miembros de las Fuerzas Militares.
Para el Fiscal General, de la misma reforma, se debería rescatar parte de la normatividad que tiene que ver con la perdida automática de la competencia de los funcionarios judiciales cuando no fallan a tiempo, la creación de jueces y tribunales en municipios y departamentos donde hoy no existen, la supresión de la Comisión de Acusaciones, la doble instancia para los congresistas y la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura.
