Ante la decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal, con función de control de garantías de Pereira (Risaralda), que cobijó con detención domiciliaria a Edgar Leandro Jiménez Marín, por secuestro y hurto, la Fiscalía interpuso recurso de apelación y solicitó revocar la medida por una en centro carcelario.

En el marco de la investigación, el ente acusador estableció que el 28 de febrero de 2019 la víctima, quien se desempeña como manicurista, se movilizaba en una motocicleta hacia su lugar de trabajo, cuando fue abordada por el hoy judicializado haciéndole un pare para el supuesto paso de ganado.

Según la denuncia, el hombre bajó de la moto a su víctima y le puso un cuchillo en el cuello, la agarró del pelo y la arrastró hasta llegar una zona boscosa para amarrarla de pies y manos. Allí, con el arma blanca cortó un trapo para taparle la boca y la dejó amarrada, advirtiéndole que si gritaba le pegaba una puñalada.

Enseguida, el hombre le habría hurtado el teléfono celular, los documentos de la moto y la billetera. Luego de aproximadamente media hora, el imputado al parecer afirmó que tenía que matarla porque le había visto la cara, pero al escuchar un ruido y al verse descubierto emprendió la huida.

La víctima logró escapar con el trapo amarrado en la boca y, según la investigación, fue el patrón de Jiménez Marín quien le habría ayudado a llamar a la Policía.

De acuerdo con un reporte de Medicina Legal, el hecho causó traumatismo a la víctima, por lo que recomendó asistir a controles psicológicos.

El investigado, quien trabaja en un cafetal, no aceptó su responsabilidad en los cargos que la Fiscalía le imputó por secuestro en calidad de autor —verbo rector retener u ocultar—, en concurso heterogéneo con hurto agravado y calificado.

Asimismo, el implicado afectó el patrimonio económico de la víctima pues el celular no fue recuperado y la moto en la que se movilizaba la víctima fue arrojada al momento del secuestro. Los daños estarían avaluados en aproximadamente $1.000.000.

La captura por orden judicial fue materializada por miembros del CTI en conjunto con el Gaula Militar el pasado 28 de enero, en vía pública del corregimiento Arabia, de Pereira.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

 

 

LMGM/DLBM