Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que Luis Eduardo Bermúdez Cárdenas, como representante de una empresa contratista del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), habría participado en la apropiación indebida de dineros destinados a la construcción y adecuación de andenes en cinco localidades de Bogotá.

El material probatorio reveló presuntas irregularidades como prórrogas y adiciones presupuestales a dos contratos suscritos en 2016 (el contrato de obra 933, cuyo valor ascendió a 12.875 millones de pesos; y el convenio 934 de interventoría, pactado en 1.880 millones de pesos).

Al parecer, Bermúdez Cárdenas, en su calidad de contratista, fue favorecido con una cláusula que le permitió ajustar los diseños de las obras. Adicionalmente, habría sido beneficiado con otras modificaciones al contrato original que, supuestamente, ocasionaron sobrecostos por 5 mil millones de pesos y utilidades ilegales a los implicados en el engranaje de corrupción por 2.500 millones de pesos.

En las indagaciones se constató que 38 meses después de la firma del contrato, falta por ejecutar el 10% de las obras en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero. De igual manera, quedaron al descubierto otras anomalías como la utilización de material reciclado, varillas de segunda y recebo recuperado de la calle; así como el supuesto pago de 10 millones de pesos a un interventor para que avalara los cambios en los diseños.

Por todo lo anterior, la Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Eduardo Bermúdez Cárdenas por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza, y cohecho por dar u ofrecer. El procesado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, por el grave estado de salud que acreditó ante el juez de control de garantías.

Vale la pena resaltar que por estos hechos ya fueron judicializados un exasesor del IDU, un contratista y dos interventores.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

 

LAGP/JARG