Un Juez ordenó sustituir la medida de aseguramiento intramuros que pesaba contra Carlos Eduardo Toro Ávila, exalcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y actual candidato a ese cargo, por una medida domiciliaria. La misma determinación cobijó a Ricardo Buitrago Correa, exsecretario de Planeación de ese municipio y a Gerardo Restrepo Marín, asesor jurídico.

El pasado mes de julio la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación al implicado.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el 31 diciembre del 2015 –último día del periodo de administración del alcalde municipal– Toro Ávila, en compañía de sus secretarios, al parecer, instrumentalizaron a la secretaria de Gobierno, para entonces, Diana Carolina Ortega, para que firmara un convenio asociativo de vivienda de fecha 30 de diciembre de 2015. Este día fungía como alcaldesa encargada.

Los elementos recopilados en las indagaciones evidenciaron que en el convenio se estipuló la construcción de 8.051 viviendas VIS y, además a una obligación legal como es la carga urbanística se le dio apariencia de aporte. A cargo del municipio estaría el aporte de los impuestos de delineación, licencias de urbanismo y de construcción que requerían la previa y obligatoria autorización del Concejo Municipal.

Asimismo, se lograron evidenciar presuntas irregularidades. Una de estas se habría dado el 31 de diciembre cuando, presuntamente el Secretario de Planeación expidió la licencia de urbanismo, no cobró el impuesto de delineación generado a la expedición de la licencia y, en consecuencia, se produjo un detrimento patrimonial de 599 millones de pesos.

Esta decisión de segunda instancia queda en firme por cuanto no proceden recursos de ley.

La Fiscalía General  de la Nación publica esta información por razones de interés general.

 

CRV/MAGA