El Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, confirmó la medida de aseguramiento, detención preventiva, impuesta a Julio César Daza Hernández, Julián Alfredo Gómez Díaz, Daniel Montoya y Jairo Cano Gallego, ex funcionarios del Iica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en desarrollo del proceso por la asignación irregular de subsidios del Programa Agro Ingreso Seguro, AIS.
Según lo establecido, Daza Hernández ejerció la dirección y la coordinación general de la implementación, el desarrollo y la ejecución del AIS; mientras que Gómez Díaz efectuó la asesoría jurídica para la puesta en marcha del mencionado programa. Sin embargo, esta persona terminó cumpliendo funciones en la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde fue el supuesto responsable de elaborar los documentos precontractuales avalados con sus firmas por funcionarios de dicho Ministerio.
De acuerdo con la Fiscalía, este trámite precontractual vulneró principios rectores de la contratación estatal aplicables a las políticas públicas que pretendía desarrollar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por medio de los Convenios 055 de 2008 y 052 de 2009, para la implementación del programa AIS, en lo relacionado con la convocatoria de riego y drenaje.
“ De manera particular los principios que se vulneraron fueron los de planeación, selección objetiva, transparencia y economía”, precisó el delegado del ente acusador.
Para el fiscal del caso, la medida de aseguramiento se fundamenta en que se trata de un delito contra la administración pública y su responsabilidad se basa en su papel como contratistas del Iica, la cual se encuentra relacionada directamente con una función y un interés público en la puesta en marcha del Programa Agro ingreso Seguro.
“ De esta manera, una lesión a la administración pública como la que se le imputa a los señores Daza, Gómez, Montoya, Cano, Campo Soto es digna del mayor reproche social, por las implicaciones que ella tiene en el conjunto del funcionamiento del Estado, y por su capacidad desestabilizadora del sistema social”, concluyó el fiscal.
