De acuerdo con la normatividad  colombiana, de ser condenado la pena oscilaría entre 22 y 32 años de prisión.

Al culminar el juicio oral por el denominado carrusel de contratos de Bogotá en contra de Samuel Moreno Rojas, exalcalde de la ciudad; la Fiscalía General de la Nación —en sus alegatos de conclusión— pidió al Juzgado 11 Penal del circuito de conocimiento de Bogotá condenar al procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio,  peculado por apropiación agravado y concusión.

De acuerdo con la normatividad colombiana, en caso de que el fallo sea condenatorio, la pena oscilaría entre 22 y 32 años de prisión.

Según la investigación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Moreno Rojas sería el presunto responsable de intervenir en los procesos de adjudicación de los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio, los de malla vial 071 y 072  de 2008 y valorización 020, 029, 037 047, 068 de 2009.

“Se direccionó el proceso de selección y se entregó información reservada de las licitaciones, antes y durante los procesos; se hacía asignación amañada de evaluadores, cambio de sitios de reunión para las evaluaciones, se impartían instrucciones a los evaluadores y  no se hacía la verificación estricta a los requisitos”, afirmó el fiscal al pedir la condena.

Indicó además que los elementos materiales probatorios demuestran que se ocultó  detrás de documentos y personas, el exalcalde no apareció firmando documentos, poderes o tratos, y su actuar afectó en distintos momentos el bien jurídico de la administración pública.

“Es que estos contratos no eran cualquier tipo de proyecto para la ciudad, se trataba de  proyectos estratégicos, de  primera línea para el desarrollo de la infraestructura vial de la capital, por lo que Moreno Rojas  tenía la calidad de garante y defensor de los intereses de proyectos de esta magnitud”, recalcó el delegado acusador.

La Fiscalía resaltó la línea jurisprudencial emitida por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de octubre de 2014,  mediante la cual se condenó al hoy exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, hermano del exmandatario, a 14 años de prisión, según la cual se afirma:

“Para los fines de la contratación pública los servidores públicos, tendrán en consideración que para celebrar contratos y para la ejecución de los mismos,  las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficaz prestación de los servicios públicos y la protección  de los derechos y seguridad de los administrados”.

En consecuencia, en ente investigador reiteró que Samuel Moreno estuvo plenamente enterado de lo que sucedía en el Distrito, y en especial en la contratación, pues de acuerdo con el contratista Héctor Julio González, esta información se la comunicaban con Emilio Tapia, quien fungía como enlace entre los contratistas y los hermanos Moreno Rojas.

En los alegatos, la Fiscalía sostuvo que Moreno Rojas sabía que aceptaba promesas  remuneratorias indirectamente, que descalificaban los otros proponentes por cualquier mínimo evento y conocía la división de los papeles delictivos y su aporte por omisión.

El exalcalde Samuel Moreno permanece recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

 

 

CMRM/DLBM