El Juzgado Penal del Circuito de Caldas (Antioquia), con funciones de conocimiento,  condenó a 18 años y 8 meses de prisión al taxista Juan Alberto Yepes Castañeda, alias Yogurt, de 48 años de edad,  por los delitos de doble homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el 19 de diciembre del año 2005, tropas del  Ejército Nacional adscritas al Gaula Militar de Antioquia reportaron la muerte de Giovanni Andrés Vélez Morales y Juan Sebastián Segura Román, quienes  habrían atacado a los militares en la vereda El Raizal del municipio de Caldas (Antioquia), durante un procedimiento de requisa. En la misma acción resultó lesionado Orlando Antonio Narváez Cifuentes.

Los investigadores establecieron que las víctimas eran en realidad consumidores de estupefacientes que fueron llevados con engaños hasta el lugar de los hechos por el hoy sentenciado, de común acuerdo con varios miembros de las Fuerzas Armadas.

El propio sentenciado confesó durante una diligencia de indagatoria que a cambio de transportar  a las víctimas hasta el lugar del crimen en un taxi que conducía, recibió dinero de los militares. Dijo además que luego lo convencieron para que  declarara falsamente que los muertos y el herido eran reconocidos ladrones de la zona.

Por tratarse de una investigación que se tramitó bajo la Ley 600 de 2000, Yepes Castañeda aceptó cargos con fines de sentencia anticipada en calidad de cómplice y se le reconoció una rebaja de la tercera parte del total de pena, que ascendió a 336 meses de prisión. El condenado deberá pagar una multa de 2180 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2005.

Al proceso están vinculados también 9 militares de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

La Fiscalía adelanta otras investigaciones para establecer la posible participación de alias Yogurt como reclutador en otras ejecuciones extrajudiciales cometidas en la mencionada población del sur del Valle de Aburrá.

La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.

 

 

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