Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez 16 penal de Bogotá con funciones de conocimiento sentenció a 12 años de prisión y al pago de multa de 800 salarios mínimos mensuales vigentes a Claudia Maritza Castiblanco Parra, como coautora responsable del delito de trata de personas.

La Fiscalía demostró que la hoy condenada  captó, trasladó y sometió a actos de esclavitud a Erika Fausuri Vargas Castillo, una mujer indígena de la comunidad Carapana de Vaupés.

“Fue tratada como una mercancía y restringida en su libertad ya que fue encerrada con llave todo el tiempo”, indicó el ente acusador.

Se trata de un caso de abuso de poder contra una persona con baja escolaridad, con  necesidad económica y contra una integrante de una comunidad étnica, reconocida internacionalmente por su alto riesgo de exterminio.

Los hechos se registraron en enero de 2014 en Mitú, la capital de Vaupés, donde la aborigen fue contactada para trabajar en labores de servicio doméstico para una casa de familia en el sur de Bogotá.

A la víctima le fue girado un dinero para comprar los tiquetes aéreos con destino a la capital y, una vez arribó a la ciudad, fue llevaba a una casa en la que fue obligada a bañarse porque supuestamente tenía mal olor y porque estaba mal presentada.

La indígena laboró durante un mes y unos días, y debió hacer oficios extenuantes las 24 horas y los 7 días a la semana; además, le fue restringida su libertad y le negaron la comunicación con su familia.

En desarrollo del proceso se estableció que a la víctima nunca le pagaron y por el contrario, la sentenciada le advirtió que en dos meses no recibiría remuneración porque debía pagar los pasajes aéreos de Mitú a Bogotá.

La víctima manifestó que en medio de las labores de aseo, rompió una delicada pieza decorativa por la cual le fue cobrada la suma de 5 millones de pesos. Desde ese entonces  fue sometida a trabajos forzados durante 20 meses, sin pago, por el daño ocasionado.

Igualmente, la Fiscalía reveló que “nunca fue afiliada a una empresa de salud, nunca cotizó a prestaciones sociales y nunca le pagaron el tiempo de trabajo”.

Tras esta clase de humillaciones, la afectada logró contactar a su familia y contó lo que estaba padeciendo. La situación fue denunciada ante la Organización Indígena de Colombia (Onic), entidad que se encargó de apoyar la labor investigativa de la Fiscalía.

Al término de la audiencia de lectura de sentencia, el juez ordenó la captura inmediata de la procesada.

CMRM/DLBM