Con medida de aseguramiento de detención domiciliaria fue afectado el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cúcuta (Norte de Santander), Nelson Melo Rolón, luego de que la Fiscalía le imputó cargos como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción en 5 casos y prevaricato por omisión en 2 casos más.
En la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el año 2016, se conoció que el juez Melo Rolón presuntamente vendría concediendo beneficios como medidas domiciliarias por enfermedades graves o permisos de trabajo locales y nacionales a personas condenadas a penas superiores a 140 meses de prisión, por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.
Se determinó primero, que la ley prohíbe expresamente ese tipo de beneficios por la clase de delitos y de penas; además, se evidenció que algunas de las detenciones domiciliarias concedidas por enfermedades graves habrían sido sustentadas con dictámenes de Medicina Legal que resultaron ser falsos.
Según lo establecido, el funcionario judicial habría otorgado el beneficio de prisión domiciliaria con base en un dictamen de Medicina Legal que certificaba la invalidez de un condenado, en el que se indicaba que no podía ni vestirse y menos comer por sí mismo. Sin embargo, días después se presume que le concedió a este mismo condenado permiso de trabajo nacional.
Otro caso que se le atribuye al juez investigado es el de un expolicía colaborador del Grupo Armado Organizado (GAO) Rastrojos, condenado por concierto para delinquir, prevaricato por omisión y homicidio, al cual supuestamente le concedió prisión domiciliaria en razón a que su hijo había sido abandonado por su mamá. No obstante, 15 días después le dio permiso de trabajo nacional, con base en un contrato celebrado con el padre del mismo condenado. Así, lo procedente era que si el niño tenía familia extendida, revocara la domiciliaria del sentenciado.
DLBM
