El miércoles 16 de mayo será definida la medida de aseguramiento intramuros solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

Ante el Juzgado 45 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cinco delitos contra el empresario José Roberto Prieto Uribe, relacionados con los hechos de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia.

Prieto Uribe no aceptó los cargos imputados por el ente investigador y responderá en juicio por los delitos de falso testimonio en calidad de autor, falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular, enriquecimiento ilícito a favor de terceros e interés indebido en la celebración  de contratos.

En primer lugar, se evidenció el falso testimonio luego de la declaración bajo juramento que realizó el 24 de mayo de 2017 ante la Comisión de Acusación y la Procuraduría General, sobre temas relacionados con los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial 2010-2014.

“Negó el origen del dinero para la producción de unos afiches promocionales de esa campaña presidencial, negó que tuvo conocimiento sobre este asunto que contrasta con las declaraciones de varios y directivos de la multinacional Odebrecht a la Fiscalía”, sostuvo la fiscal anticorrupción al hacer la imputación de este delito.

Del mismo modo, se presume que en dos ocasiones más habría faltado a la verdad ante la Comisión de Acusación y el Ministerio Público en temas relacionados con los aportes de Odebrecht  sobre encuestas ordenadas  a una empresa en Panamá para apoyar las elecciones presidenciales 2014-2018.

En cuanto a la falsedad en documento privado —en calidad de determinador— la imputación de la Fiscalía indica que estaría relacionado con la petición que hizo Roberto Prieto a Interbolsa, mediante la cual se obtuvo la suma de 250 millones de pesos, pagada por una firma que emitió tres facturas que no correspondían a la verdad, pues nunca se prestaron los servicios allí enunciados.

Igualmente, sostuvo que la falsedad se materializó tras la existencia la factura 032 del 18 mayo de 2016, entregada por Eduardo José Zambrano Caicedo, la cual tenía un contendido relacionado con estudios de topografía, geología para la hidroeléctrica de la vertiente cordillera oriental de Guavio. “Esto nunca se realizó por parte de la firma encargada de este proyecto”, agregó la fiscal en este proceso.

Por otra parte, se le imputó el delito de tráfico de influencias de particulares en calidad de autor, con sustento en el artículo 411 (A)  que advierte que “el particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión”.

“Históricamente se distingue porque Prieto es un particular que ha estado vinculado a campañas presidenciales, prevalido de esta condición ejerce presiones en miras de obtener beneficio económico como el diseño del proyecto entregado a Yuma Concesionaria, el proyecto Ruta del Sol sector 3, y esta a la vez a Constructores Unidos de Colombia”, sostuvo la Fiscalía.

También la Fiscalía le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en calidad de autor, tras la recopilación de elementos de prueba que lo vinculan presuntamente con los beneficios económicos recibidos con la adjudicación del contrato 007 de 2010, para la elaboración de los diseños de la doble calzada Puente Plato (Magdalena), otorgado a la firma Yuma Concesionara y la posterior entrega mediante un otrosí, a Constructores Unidos de Colombia.

“Es evidente que a sus arcas, señor Prieto, ingresaron dineros producto de estas actividades, en provecho de su condición de exgerente de la campaña presidencial y su cercanía con el gobierno nacional, lo que se desprende de las maniobras  que adelantó para que a su patrimonio ingresaran 650 millones de pesos producto de las influencias ejercidas para que Yuma Concesionara fuera adjudicada y Constructores Unidos se beneficiara con esta contratación”, le comunicó la Fiscalía al procesado durante la imputación.

Recalcó que presuntamente “el aquí indiciado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que era requerido para tapar huecos de las campañas políticas de Juan Manuel Santos”.

Finalmente, Prieto responderá en este proceso penal por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de coautor, por las supuestas irregularidades en el contrato adjudicado a la firma anteriormente mencionada, para los diseños de la doble calzada Puente Plato (Magdalena).

CMRM/DLBM