Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 12 de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en un centro carcelario, en contra del ingeniero civil y empresario Orlando Fajardo Castillo.

Según la Fiscalía, su libertad provocaría una posible obstrucción a la justicia dentro de la investigación que se le adelanta como presunto coautor interviniente en los delitos de peculado por apropiación, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación se fundamentó en las irregularidades registradas en la adjudicación de contrato 1115 de 2009 troncal Tunjuelo – Canoas que habría causado un  detrimento patrimonial calculado en $243.117’273.000 (doscientos cuarenta y tres mil millones, ciento diecisiete mil doscientos setenta y tres millones de pesos) incluido el IVA.

“Fajardo Castillo a través de terceros y de manera personal entregó al exalcalde Samuel Moreno Rojas $1’000.000.000 (mil millones de pesos), con el fin de obtener la adjudicación del contrato 1115 de 2009, entregado el 29 de diciembre de 2009”, relató el fiscal del caso.

Asimismo, el peculado se presume tras el manejo irregular de dineros públicos entregados como anticipos de dicho contrato y transferido a diferentes entidades bancarias y las corredoras de bolsa.

“Actuó en provecho de la firma Fábrica Latinoamericana de Instrumentos, cuyo propietario era el empresario Federico Gaviria, procesado penalmente por estos hechos”, dijo el delegado acusador.

Sostuvo la Fiscalía que “mediante interrogatorio rendido el 12 de mayo de 2017 el  contratista Andrés Cardona Laverde advirtió, bajo la gravedad de juramento, que recibió personalmente de Fajardo 250 millones de pesos acordados para favorecerlos en esta contratación”.

El testimonio es corroborado por otras declaraciones que advierten que los fajos de billetes eran recibidos personalmente por el exalcalde Samuel  Moreno o Emilio Tapia en un restaurante del norte de la ciudad.

Según la investigación, en total, la adjudicación del contrato ascendió a 48 mil millones de pesos, de los recursos del Estado colombiano.

“Debe ser privado de la libertad porque en compañía de funcionarios públicos y servidores del Estado colombiano, lesionó el bien jurídico de la función pública”,  anotó la juez al preferir la orden de captura.

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