La exfuncionaria es investigada por los hechos ocurridos en la vereda La Joya de esa población tolimense el 21 de abril último, cuando que se conoció la muerte de una menor.

Ante el Juzgado 2º Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Ibagué (Tolima), la Fiscalía imputó a Katherine de los Ángeles García Rodríguez, quien fungía como única comisaria de familia desde el año 2013 en Armero-Guayabal (Tolima), como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por omisión.

El ente acusador solicitó la orden de captura contra la exfuncionaria, por las supuestas irregularidades que se cometieron en el proceso de garantizar, estabilizar, proteger y reparar los derechos de la menor S.A.S., ya que al parecer conoció el caso de maltrato de la menor el 1 de marzo de 2016 y su actuar no correspondió al lineamiento dado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Por el contrario, la entonces comisaria citó a las partes a conciliación, donde la progenitora de la niña le puso en evidencia que no tenía las posibilidades mínimas económicas para su manutención y cuidado, y por tal razón entregaría la custodia a su madrina de bautizo. Es así como García Rodríguez suscribió un acta de custodia solidaria entre la madre y los padrinos.

Sin embargo, la investigación determinó que esta acta no garantizaba los derechos de la niña, no era un asunto conciliable y debió apoyarse en otras entidades o figuras solidarias como los comedores, buscar familia extensa o un hogar sustituto y asegurar así su protección.

En junio de 2016 la comisaria de familia al parecer conoció la epicrisis del Hospital Municipal de Armero-Guayabal cuando la menor entró con evidentes signos de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación.

Finalmente, para el 21 de abril de 2017 se supo de la muerte de la menor. El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó —a través de la necropsia— que la causa de la muerte fue un trauma encefálico severo secundario a trauma contundente y biodinámico (zarandeo), que hace parte del síndrome de maltrato infantil agudo y crónico.

La juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de García Rodríguez. La procesada no aceptó los cargos imputados.

La custodia

Johana Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres, padrinos de la víctima, quedaron a cargo y cuidado de la menor de tres años, bajo la figura de custodia solidaria para el primer trimestre de 2016, sin embargo se evidenció —en desarrollo de la investigación— que se habrían ejercido actos de violencia física y sexual de manera reiterada contra la menor.

Por estos hechos, el 5 de mayo último la Fiscalía imputó a Guerra Urueña los delitos de homicidio agravado, tortura agravada en calidad de coautora material por acción, y acceso carnal violento agravado como posible autora (bajo la figura de posición de garante).

Entretanto, al padrino le endilgó cargos por tortura agravada a título de coautor pasivo (bajo la figura de posición de garante).

 

CRV/DLBM