Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en un centro carcelario en contra de ocho personas, supuestas integrantes de una organización al margen de la ley dedicada al contrabando técnico de mercancías desde de China y Estados Unidos.
Se calcula que estas personas incidieron en el lavado de activos superior a los 130 mil millones de pesos mediante el contrabando de telas, delito en el que presuntamente participaron funcionarios del área de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
En consecuencia, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento.
En la misma decisión judicial, fueron cobijadas con medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad seis personas quienes acreditaron ante el juez de garantías ser madres cabeza de familia y que sus parientes dependen económicamente de sus ingresos laborales.
Por otra parte, el juez profirió medida de aseguramiento domiciliaria en contra de cinco personas, por considerar que en libertad podrían incidir en el trámite procesal con la obstrucción a la justicia.
La Dirección Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos de la Fiscalía mostró elementos materiales probatorios que permitieron al juez deducir que los procesados incurrieron en los delitos imputados y que por tratarse de punibles contra el Estado y los colombianos, son un peligro para la sociedad.
La investigación se inició hace tres años mediante la interceptación de comunicaciones y la filtración de agentes encubiertos en diferentes áreas de trabajo de la Dian, quienes descubrieron documentos contables que involucran a los presuntos contrabandistas.
“Se pudo establecer que compraban los textiles y sin realizar los trámites de importación en Colombia, acudían a empresas de fachada para obviar los requerimientos técnicos y burlaban las normas tributarias, de paso, generaban el lavado de activos”, sostuvo la Fiscalía.
Asimismo, le daban apariencia de legalidad a las operaciones aduaneras con empresas de fachada para evadir impuestos y los activos de rentas inexistentes.
Estas personas fueron capturadas gracias al trabajo conjunto con la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Policía Fiscal y Aduanara (Polfa), y con el apoyo de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
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