Fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Cali (Valle del Cauca), en la que se encontraron partes de fusiles y munición.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor del Ejército Nacional, Andrés Alberto Barreto Álvarez, por su presunta participación en el tráfico ilegal de armas y accesorios para fusiles provenientes del exterior.
El oficial fue capturado en diligencia de registro y allanamiento realizada de manera conjunta con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en un inmueble de Cali (Valle del Cauca). Durante el procedimiento se incautaron un cañón para fusil calibre 5.56, un receptor para fusil tipo M4, una empuñadura para fusil, proveedores para pistola 9 mm, 57 cartuchos y una escopeta doble cañón.
Los elementos de prueba indican que este material habría ingresado al país proveniente de Estados Unidos, oculto en una encomienda. En las verificaciones se constató que carecía de documentos y permisos que sustentaran la importación.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al mayor Barreto Álvarez los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Los cargos no fueron aceptados por el investigado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/RGV/DECOC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
