Deberán ejecutarse obras por más de 980 millones de pesos, que contemplan actividades de reforestación, programas de conservación de las fuentes hídricas, la siembra de barreras naturales y la indemnización a los propietarios de los terrenos comprometidos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, obtuvo evidencias y pruebas determinantes para acreditar que la fumigación aérea realizada por una empresa agroindustrial en una vasta zona productiva de Cumaribo (Vichada), en 2013, generó graves daños en 430 hectáreas cultivadas con maíz, soya y arroz; afectó las fuentes hídricas de la región, destruyó vegetación nativa y causó enfermedades al ganado lechero.
En ese sentido, el representante legal de la compañía involucrada, José Aquilino Pérez; y el proveedor del servicio de fumigación área, Jairo Villegas Victoria, suscribieron un principio de oportunidad con la Fiscalía.
De esta manera, aceptaron su responsabilidad en los delitos de daño en los recursos naturales, contaminación ambiental, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, y contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.
Adicionalmente, se comprometieron a realizar obras avaluadas en más de 980 millones de pesos, que contemplan la reforestación del área afectada y cuidado de las especies nativas, la siembra y manutención de barreras rompeviento, la promoción de actividades para el sostenimiento de las fuentes hídricas, y la reparación en 141 millones de pesos en favor de uno de los propietarios de los predios comprometidos.
Todo lo anterior deberá ejecutarse en un plazo máximo de tres años para que cese la acción penal en contra de los dos representantes de las empresas implicadas.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/HTP/DECVDH/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
