Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Nariño logró que un juez con función de control de garantías, dictara medida de aseguramiento en contra Silvia Mónica Guerrero Guerrero y Gloria Esperanza Acosta, actuales funcionarias de la alcaldía de Pasto.
Con el material probatorio recaudado dentro de la investigación, el ente acusador imputó a las dos mujeres por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y falsedad material en documento público. Ninguna de las dos procesadas mujeres se allanó a cargos.
Las funcionarias fueron detenidas el pasado miércoles 17 de febrero por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuando se dirigían a las instalaciones de la sede administrativa, luego de notificarlas de la orden de captura que pesaba en su contra.
La investigación se relaciona con lo ocurrido durante los años 2016, 2017 y 2018, cuando Guerrero y Acosta, adscritas a la Secretaría de Planeación de la alcaldía de Pasto, habrían abordado a contribuyentes que requerían liquidaciones para el pago de impuestos en compensación y espacio público, prometiéndoles agilizar los trámites, al interior de ese despacho.
Al parecer, una vez recibían el dinero correspondiente al pago de los impuestos, expedían recibos falsos con los cuales se obtenían las licencias de construcción de inmuebles ante las curadurías. La Fiscalía logró establecer que los dineros presuntamente recaudados por las dos funcionarias, nunca ingresaron a las arcas del municipio. La suma ascendería a 265 millones de pesos.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar la corrupción en la administración pública, según lo dispuesto por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JGPV/ LZ/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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