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Al menos, 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas serían clientes de esta organización ilegal.
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La red criminal constituía empresas de papel para sustentar falsas operaciones de comercio. Así, lograban que terceros se apropiaran del IVA y disminuían la base gravable del impuesto a la renta.
La contundencia del material probatorio recaudado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales fue determinante para que un juez de control de garantías de Bogotá impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a seis personas, presuntamente implicadas en una multimillonaria defraudación al Estado.
Se trata de Marisol López Sambrano, Jaime Cedeño, Nidia Herminia Guzmán Penagos, Roberto Gualdrón Fernández, Dairo Manuel Enciso Beltrán y Dagoberto Hernández Ramírez, quienes están siendo procesados como posibles responsables de conformar una empresa criminal que entre 2012 y 2023 habría simulado operaciones por más de 155.000 millones de pesos.
Las acciones adelantadas con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional (Polfa) permitieron incautar más de 6.000 millones de pesos en efectivo que estaban empacados en cajas de cartón. Esto se cumplió durante un allanamiento realizado en el domicilio de una de las empresas compradoras de facturas falsas.
La Fiscalía determinó que la organización ilegal creó varias empresas de papel para soportar operaciones de comercio ficticias y justificarlas en facturas falsas que eran compradas por, al menos, 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.
El material de prueba da cuenta que, mediante estas acciones, los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del IVA que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). También les habría permitido disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros.
Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados, al parecer, cobraban a los terceros un porcentaje que oscilaba entre el 1 y el 5 por ciento sobre el subtotal de las facturas falsas en que registraban mercancía inexistente.
La Fiscalía imputó a los judicializados delitos como: enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado (continuado).
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/LQC/DECDF/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
