El material de prueba da cuenta de que Adriana Rojas González habría participado en un entramado delincuencial que causó un detrimento patrimonial superior a 38.800 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exdirectora de riesgos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Adriana Rojas González, como presunta responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
El material de prueba da cuenta de que la hoy procesada habría direccionado un contrato de venta de cartera vencida de la entidad. En ese sentido, se estableció que, al parecer, recibió en su correo electrónico la propuesta comercial de la empresa que, posteriormente fue seleccionada, por fuera del plazo establecido en la convocatoria pública.
Adicionalmente, se estableció que participó en la elección de este aspirante, que no contaba con la suficiente experiencia, músculo financiero y capacidad de pago ni tenía la póliza que soportara su responsabilidad en las actividades contratadas.
De igual manera, la exdirectora de riesgos del FNA, presuntamente, incidió en la modificación del manual de venta de la entidad para beneficiar al contratista, y pasó por alto requisitos para la venta de cartera como el visto bueno del Comité de Cobranzas y el beneplácito de la Junta Directiva.
El contrato investigado ascendió a 68.435 millones de pesos y tenía por objeto la venta de cartera de 2.087 créditos hipotecarios vencidos, con corte 2017. La evidencia recaudada permitió conocer que el costo total de la cartera superaba los 107.000 millones de pesos, es decir, el contrato se pactó muy por debajo valor real, lo que habría generado un detrimento para el FNA superior a 38.800 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/DECC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
