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Todas las capacidades de la entidad están al servicio del certamen democrático; mientras que 5.700 funcionarios a nivel nacional atenderán de primera mano las denuncias por acciones en contra del libre ejercicio del voto.
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El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear el desarrollo de la jornada electoral.
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La Fiscalía adelanta investigaciones relacionadas con 1.519 hechos delictivos que representan riesgo para electores, candidatos y las autoridades encargadas de garantizar la normalidad en los comicios.
La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una completa estrategia investigativa y judicial para acompañar la jornada electoral del próximo 29 de octubre. En atención a lo definido en la Resolución 0-0406 de agosto del año en curso, las tres delegadas de la entidad y sus diferentes direcciones están articuladas para atender, de acuerdo con sus competencias, los hechos delictivos que afecten el normal desarrollo de las votaciones.
Asimismo, será instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para seguir en detalle la jornada, procesar las denuncias o eventos relacionados con obstrucciones a la participación democrática, y mantener una comunicación permanente con la autoridad electoral, la fuerza pública y otras entidades encargadas de garantizar la seguridad y la logística de los comicios.
“Resultados de la Fiscalía General de la Nación se han dado, porque además, se establecieron los fiscales itinerantes, se establecieron unidades que recorren el territorio nacional, con fundamento en un Mapa de Riesgo Electoral y con líneas de investigación priorizadas. ¿Cuáles fueron entonces esas líneas de investigación priorizadas? Delito que llegue a la Fiscalía de temas electorales, rápidamente se encajona en esas estructuras que se crearon (…) y podamos establecer unos parámetros de lectura sistémica, unificada de los resultados electorales”, indicó el Fiscal General Barbosa Delgado.
Los equipos conformados por 5.700 funcionarios entre fiscales y policía judicial del CTI se trasladan a los territorios para apoyar los actos investigativos y atender de primera mano los requerimientos ciudadanos.
“Estamos listos, queremos enviarle un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad, la Fiscalía General de la Nación protege a la democracia, protege el derecho de los ciudadanos a salir el domingo a que puedan ejercer libremente su derecho democrático a relegitimar las autoridades en Colombia”, destacó el Fiscal General.
Riesgo electoral
En atención a la Resolución 0-0406 de 2023, se elaboró un Mapa de Riesgo Electoral, el cual es alimentado permanentemente con los reportes recibidos por delitos electorales y otros hechos que representan peligro para la vida y la integridad de candidatos y electores. El mapa se realizó teniendo en cuenta una suma de 1.102 municipios, el Archipiélago de San Andrés y Providencia, al igual que 18 áreas no municipalizadas en el país, que dan un total de 1.121. El mapa refleja hasta el momento lo siguiente:
- 259 municipios están categorizados con riesgo alto por cualquier conducta delictiva, entre estos Puerto Gaitán (Meta), Soacha (Cundinamarca), Puerto Colombia y Barranquilla (Atlántico); 494 municipios están en riesgo medio y 368 en riesgo bajo (que incluye los no municipalizados).
- Por el accionar de los grupos armados ilegales enfrentan riesgo alto Arauca (7 municipios), Guaviare (4 municipios), Chocó (26 municipios) y Caquetá (12 municipios).
- Con relación a posible fraude electoral, están en mayor riesgo Atlántico (17 municipios), Córdoba (17 municipios), Sucre (15 municipios) y Chocó (15 municipios).
- Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá y Cesar, son los departamentos en riesgo alto por violencia contra líderes políticos.
Con la estructuración del mapa de riesgo se destaca la planeación y organización que tiene la Fiscalía frente al proceso electoral.
“¿Cuál es el objetivo nuestro? El objetivo nuestro es que haya transparencia. Y en eso yo invito a la ciudadanía a que denuncie, a que denuncie porque es un deber legal hacerlo. No denuncie porque le paguen algo, porque si caemos en esa desgracia en Colombia, entonces aquí van a empezar a pedir plata para denunciar”, resaltó el Fiscal General de la Nación.
Acción investigativa
Desde el pasado 29 junio, la Fiscalía ha abierto 1.519 investigaciones por hechos delictivos relacionados con el proceso electoral.
- Siete investigaciones por los homicidios de seis de candidatos a concejo y de un aspirante a Junta Administradora Local – JAL. Aquí hay avance en dos casos resueltos. Otras siete por tentativas de homicidio.
- 479 investigaciones activas por amenazas, 222 corresponden a intimidaciones en contra de candidatos a alcaldías.
- 228 procesos investigativos activos por injuria y calumnia, 38 abiertos por daño en bien ajeno, uno por delitos informáticos y 33 por delitos contra la administración pública.
- Por delitos electorales hay 477 investigaciones activas (224 por fraude en la inscripción de cédula, 96 por constreñimiento al sufragante, 79 por corrupción de sufragante, 32 por intervención en política, 12 por fraude al sufragante, 12 por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y 8 por tráfico de votos.
La Fiscalía reitera los canales habilitados para recibir denuncias por diferentes delitos durante las elecciones. En la página web, a través del enlace https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/ingresoPrincipal y el aplicativo ‘Denuncia Fácil’; la plataforma URIEL (Unidad de Reacción Inmediata para la Transferencia Electoral) del Ministerio del Interior, en el email denunciasuriel@mininterior.gov.co; la línea nacional 018000912005; y la opción móvil #623.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/MRC/CS/DPPE/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.