La investigación indica que habría facilitado la fuga de los participantes del hurto ocurrido en la estación Minuto de Dios de Transmilenio.
Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a Kevin Leonardo Naranjo Lemus, presunto implicado en el crimen de un estudiante universitario ocurrido el pasado 15 de abril durante un hurto registrado en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la víctima esperaba un articulado para dirigirse a su lugar de residencia cuando fue abordada por al menos tres personas que intentaron despojarla de su teléfono celular. En medio del hecho, el joven fue herido con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte.
Las evidencias indican que Naranjo Lemus habría detenido un articulado del sistema de transporte para facilitar la huida de los demás involucrados luego de cometido el hurto.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Esta es la segunda persona vinculada a la investigación por el crimen del estudiante. Recientemente, la Fiscalía logró la judicialización de Harold Figueroa Ballén, quien también permanece privado de la libertad por estos hechos.
LMBG/AMCJ/LCHG/JESM/DSB/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
