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Medidas cautelares con fines de extinción de dominio a dos vehículos que habrían sido usados para actividades ilícitas durante las movilizaciones sociales

En un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se obtuvieron elementos de prueba suficientes para decretar medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a dos vehículos, que habrían sido utilizados para acciones delictivas ocurridas en las jornadas de protesta registradas durante la última semana en Cali (Valle del Cauca).

El primer automotor, tipo camión, habría sido usado el pasado 9 de mayo para abrir violentamente la puerta de un conjunto residencial en el sector de Pance, en el sur de la ciudad. Con esta acción se facilitó el ingreso de varias personas que generaron daños a la propiedad y a, por lo menos, tres vehículos de los residentes.

El otro bien afectado con medidas de suspensión del poder dispositivo y secuestro es un bus escalera que fue interceptado por la Policía Nacional en un procedimiento realizado el 12 de mayo último, en el sector conocido como La Viga, en Cali.

En la inspección realizada por los uniformados fueron encontrados cerca de ocho kilogramos de marihuana. En ese sentido, fueron capturados los pasajeros señalados como los presuntos responsables del alijo por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Estas dos acciones de la Fiscalía proceden de acuerdo con la causal quinta del artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que destaca: “se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”.

MAGA/JARG/LABF/MCRC

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.     

 

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