Fue declarada responsable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
Luego de verificar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Popayán (Cauca) condenó a la exfiscal de El Tambo (Cauca), María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
La exfuncionaria, en ejercicio de su cargo, participó en un entramado ilegal que favoreció a un ciudadano colombiano pedido en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico trasnacional de estupefacientes.
Tras avalarse el requerimiento internacional por parte del Gobierno nacional, el 17 de mayo de 2016, la entonces fiscal abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al posible narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado. La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto.
Asimismo, se conoció que omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos. A esto se suma que la grabación de la audiencia de imputación desapareció y, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso.
Conforme a la vinculación formal por el delito de rebelión, en enero de 2017, el extraditable interpuso una tutela que amparó su derecho a no ser doblemente incriminado, y de esta forma bloqueo su envío a Estados Unidos.
Socorro Fernández Chávez, además de cumplir la pena en centro carcelario, deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses.
En contra de la condena conocida proceden los recursos de ley.
LAGP/LCHG/JARG/RGF/DCCO
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
