La mujer fue asesinada por la oposición que ejercía contra las actividades de diferentes industrias que utilizaban hornos de coquización.
Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio de la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal, ocurrido el 11 de abril de 2023, en la vereda La Florida, en San Cayetano (Norte de Santander), permitieron identificar y judicializar al hombre que habría perpetrado el crimen.
Se trata de Víctor Eligio del Toro Charriz, quien presuntamente actuó por encargo y a cambio de una retribución económica atravesó un tronco sobre la vía por la que transitaba habitualmente la víctima para obligarla a detenerse. Cuando esto ocurrió, al parecer, la abordó y la atacó con un martillo y un trinche, causándole la muerte.
Posteriormente, se habría apoderado del teléfono celular de la mujer, abandonado el cuerpo en una zona boscosa y ocultado los elementos utilizados en la agresión. Días después recibió una motocicleta y dinero en efectivo como pago.
De acuerdo con la investigación, la acción violenta estaría relacionada con la labor de liderazgo ambiental que ejercía Diana Carolina Rodríguez Madrigal y las denuncias que promovía por posibles irregularidades en la operación de hornos de coquización y su impacto sobre los ecosistemas.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a del Toro Charriz los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Los cargos no fueron aceptados.
Por decisión del juez de control de garantías el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
AMCJ/JARG/FR/NAEL/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
