El favorecimiento de la fuga vulnera directamente la administración de justicia y pone en riesgo la seguridad ciudadana. Este delito sanciona tanto las acciones como las omisiones de servidores públicos, custodios y particulares que facilitan o permiten la evasión de una persona privada de la libertad, aun cuando no tenga una función oficial de vigilancia.
Toda conducta que contribuya a una fuga tiene consecuencias penales y es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
