El trabajo investigativo de un fiscal de la Seccional Risaralda permitió recopilar el material probatorio para que un juez de control de garantías decidiera asegurar a siete personas señaladas de comercializar cocaína, marihuana y bazuco en el municipio de Dosquebradas.

Se observan en fila site capturados. Al lado derecho un funcionario GOES y un funcionario CTI. Al lado izquierdo un funcionario GOES un funcionario Policía Nacional.  Al fondo un pendón de Policía Nacional.  Al frente una mesa con el material incautado en los allanamientos.
Siete personas fueron judicializadas por sus presuntas conductas delictivas en Dosquebradas

Los hechos que se investigan vendrían presentándose en inmediaciones de los barrios Pueblo Sol, Camilo Torres y Nuevo Milenio, así como en sitios aledaños en donde, al parecer, los hoy procesados expenderían las sustancias ilícitas de manera dosificada.

Por estos hechos, los presuntos implicados fueron imputados según sus responsabilidades individuales por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.   Ninguno aceptó los cargos enrostrados.

En diligencias de allanamiento cumplidas por uniformados de la Policía Nacional se lograron las capturas y la incautación de armas de fuego, armas traumáticas, munición de diversos calibres, equipos de comunicación y marihuana.

Un juez de control de garantías ordenó medida privativa de la libertad en centro carcelario para cuatro de los investigados y medida domiciliaria para otros tres.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

CLCG/FAGH/GRM/DSR

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.