Elementos probatorios dan cuenta de que este grupo proporcionaba 45 millones de pesos semanales al Clan del Golfo.
Ante la solicitud de un fiscal de la Delegada para la de Seguridad Territorial, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento a 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Paisanos’, señalados de realizar diferentes actividades delincuenciales en Córdoba.
Se trata de Eduardo David González Segura, José Ángel Arrieta Peñata, Kellys Rosa Morales Torres, Marlys Cecilia Márquez Polo, Ana Gregoria Suárez Guerra, Nelson Enrique Medina González, Rafael Antonio Payares López, Julio César Madariaga Mendoza, Ely Yohana Núñez Márquez, Audyn Andrés Quiñónez Martínez, Gregoris María Payares Arteaga y Jhon Vairon Vargas Arteaga.
Estas personas fueron capturadas en un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), el Ejército y la Armada Nacional en inmuebles ubicados en los municipios Lorica y San Antero (Córdoba), Puerto Carreño(Vichada) y Santafé (Antioquia).
Los procesados desempeñarían labores como transportadores de estupefacientes, caleteros, empacadores, dosificadores y vendedores. Estos roles le permitían a la organización narcotraficante recaudar millonarias rentas ilegales; al punto que cada semana le entregarían al Clan del Golfo, 45 millones de pesos producto de este actuar.
La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, delito de concierto para delinquir agravado por darse tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Todos fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/MAGA/DFFS/CTI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
