El inmueble y establecimiento de comercio constituido superan en valor los 11.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación actuó sobre el patrimonio ilícito de las redes delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín (Antioquia). Dos bienes, avaluados preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.
Los activos están representados en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, que de acuerdo con los elementos materiales probatorios habrían sido utilizados para facilitar el desarrollo de actividades de tipo sexual con menores de edad.
Durante varios procedimientos realizados en el lugar las autoridades constaron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución. Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes.
Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.
Las propiedades quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, mientras avanza el proceso correspondiente.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
