Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 27.900 millones de pesos, los cuales habrían sido adquiridos con dineros producto del cobro de extorsiones y la usurpación de tierras.
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, la Delegada para las Finanzas Criminales, el Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros y el Grupo para la Persecución de Activos Ilícitos del CTI identificaron 98 bienes que pertenecerían a posibles integrantes de la organización delictiva ‘Los Costeños’, que tiene injerencia en Atlántico y otros departamentos de la Costa Caribe.
Se trata de 11 sociedades, 17 establecimientos de comercio, 44 vehículos y 26 inmuebles, entre rurales y urbanos, que fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Los activos, que superan en valor los 27.900 millones de pesos, están ubicados en Puerto Colombia, Baranoa, Tubará y Barranquilla (Atlántico).
La mayoría de los bienes pertenecerían a familiares de Maribel Duarte Arias y su hija Mayra Alejandra Vera Duarte, quien sería la pareja de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’. Actualmente, las dos mujeres están judicializadas y vinculadas a procesos penales por distintas conductas relacionadas con esa estructura delincuencial.
Las investigaciones indican que las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto del cobro de extorsiones en varios sectores de Barranquilla, Puerto Colombia y Soledad (Atlántico); y con recursos obtenidos de la venta de predios arrebatados de manera violenta a sus propietarios.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrará los bienes ocupados.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/ADA/DPLFC/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
