Según la investigación, la estructura desarrollaba sus acciones delictivas en Bocagrande, el Centro Histórico y la zona insular de Cholón. Cuatro personas fueron judicializadas.

Al acoger el material probatorio presentado por una fiscal seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas), el juez 16 penal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de cuatro presuntos integrantes de una organización delincuencial, por los delitos de inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes;  y concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes.

Se trata de Jorge Alfonso Cuéllar Noguera, Oger Blanco Torres, Adrián Wieslan López y Bryan Javier Castilla Cardona, quienes no aceptaron su responsabilidad. Los tres primeros fueron enviados a prisión, mientras que el último cumplirá la medida en detención domiciliaria.

Según interceptaciones telefónicas y declaraciones de fuentes humanas, los hechos se venían presentando desde el año 2019, cuando al parecer los integrantes de la red obligaban a mujeres a prostituirse en los sectores del barrio Bocagrande, en el Centro Histórico y la zona insular de Cholón. La investigación también da cuenta de que la organización traficaba sustancias estupefacientes de forma simultánea.

En días pasados, durante diligencias de allanamiento en Cartagena, se logró la captura de Cuéllar Noguera, Blanco Torres y Castilla Cardona. A su vez, en Medellín (Antioquia), fue privado de la libertad Adrián Wieslan López, por funcionarios de la Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

VHGB/DLBM/ABCS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.