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Cárcel para funcionario de la DIAN que habría exigido dinero por trámites relacionados con operaciones tributarias

El procesado también es señalado de modificar el sistema interno de la entidad para apropiarse de dinero de los contribuyentes.

La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a Julio César Velasco Martínez, un servidor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que presuntamente aprovechó su cargo para presionar cobros indebidos a ciudadanos interesados en obtener devoluciones del IVA y traslados de saldos tributarios.

Esta persona, al parecer, rechazaba las pretensiones a las que tenían derecho los contribuyentes y les insistía en buscar orientación con un tercero específico. El asesor sugerido, en realidad, sería el encargado de pactar sumas de dinero a cambio de que el funcionario tramitara favorablemente las solicitudes de los peticionarios.

En el curso de la investigación, realizada de manera articulada con el CTI, se estableció que Velasco Martínez también habría realizado modificaciones internas a los sistemas informáticos de la DIAN para apropiarse de dineros públicos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó al funcionario los delitos de concusión y peculado por apropiación. Luego de valorar los elementos de prueba, un juez de control de garantías de Cali le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

MAGA/JARG/LQC/DECDF.

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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