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Asegurado hombre que habría asesinado a dos abogados en Ocaña (Norte de Santander)

La Fiscalía General de la Nación, a través de un trabajo articulado con Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, capturaron en cumplimiento de una orden judicial a Wilmar Giraldo Úsuga, por su presunta responsabilidad en el homicidio de su expareja sentimental Mayra Liceth Carreño Coronel y Omar Alberto Quintero Villegas. Las dos víctimas de profesión abogados.  

De acuerdo con la investigación adelantada, los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo frente al edificio en el que residía la mujer, quien se encontraba con Quintero Villegas su nueva pareja sentimental. Allí llegó el hoy procesado y habría agredido verbal y psicológicamente a la víctima porque sostenía una relación amorosa. 

En medio de la discusión, Giraldo Úsuga, al parecer, desenfundó un arma de fuego que portaba y habría herido a los dos abogados, ​causándoles la muerte. Luego huyó del lugar en una motocicleta.  

La captura del hombre se materializó este 25 de mayo, en vía pública de la ciudad de Bucaramanga (Santander). 

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó cargos a Giraldo Úsuga como posible autor de los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los cuales no aceptó.  

Por su parte, un juez de control de garantía lo envió a la cárcel Modelo de la ciudad de la capital nortesantandereana. 

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

MPHA/MG/DATO/ANMP/DSN/MRC 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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