Según el ente investigador el imputado habría salido de prisión, donde estaba por el mismo delito, para volver a la casa de la víctima a agredirla psicológicamente y amenazarla.
Labores investigativas de una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif) permitieron que un juez dictara medida de aseguramiento intramural en contra de Rigoberto Pérez Aguilar por el delito de violencia intrafamiliar.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 23 de septiembre del año en curso, cuando la víctima, identificada como Melisa Guerrero Montes, habría sido maltratada psicológica y verbalmente por el hoy imputado.
De acuerdo al ente investigador la mujer y el indiciado conviven desde hace 12 años y tienen dos hijas menores de edad. Durante 2 años estuvieron separados porque el victimario estaba cobijado con medida de aseguramiento por el mismo delito, detención en la que estuvo hasta el pasado 21 de septiembre, cuando le dieron salida de la cárcel, por la legalización de un principio de oportunidad que se realizó ante la Fiscalía.
Sin embargo, desde ese mismo día que recobró la libertad habría llegado a la casa de la víctima a maltratarla con palabras soeces y groserías. Así mismo habría generado un escándalo delante de sus hijas, y la hermana de la víctima e incluso la amenazó de muerte en caso de tener otra pareja.
El día del suceso nuevamente se presentó en la casa y tras golpear la puerta de la vivienda habría amenazado a la víctima con un machete. Tales habrían sido las agresiones que la víctima no ha podido ir a trabajar ni sus hijas al colegio.
Luego de que la fiscal solicitara la captura del imputado, éste fue detenido el 17 de octubre por funcionarios del CTI y de la Sijín de la Policía Nacional de Montería. Ante un juez penal municipal el imputado no aceptó los cargos y fue enviado a prisión nuevamente.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
