Los hechos investigados ocurrieron en Bogotá. La menor de edad fue trasladada sin signos vitales por sus familiares a un hospital de la ciudad.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario a tres integrantes de una misma familia que habrían abusado sexualmente, torturado y causado la muerte a una niña de un año, el pasado 14 de agosto, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Los imputados son la madre, el padre y un tío de la víctima, quienes fueron capturados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la SIJIN de la Policía Nacional, en diferentes diligencias realizadas en la ciudad.

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Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación, los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y tortura. Todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

Lo que ocurría con la menor de edad quedó en evidencia cuando sus padres la llevaron inconsciente a un centro asistencial. En su momento, los médicos constataron que estaba sin signos vitales y había fallecido horas antes de su llegada. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la bebé tenía signos de violencia sexual y dictaminó que la muerte fue producto de asfixia por sofocación.

Para la Fiscalía, los padres desconocieron su posición de garantes, omitieron su deber de cuidado y protección de la niña. En ese sentido, son señalados de participar y permitir actos en contra de la formación sexual e integridad física de su hija.

 

 

LMBG/CFG/FAGH/JS/SB/MAGA/JARG

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.