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Retención y ocultamiento permanente de personas por parte de agentes del Estado y las extintas Farc- EP

La Fiscalía en su cuarta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz relaciona las investigaciones adelantadas con ocasión del conflicto por la desaparición forzada de personas cometidas por las FARC-EP. Así como la participación de agentes del Estado  en la retención y ocultamiento permanente de personas.

La Fiscalía General de la Nación realizó la cuarta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, en los que se detallan dos nuevos ejes de investigación relacionados con conductas cometidas durante el conflicto armado en Colombia.

Estos documentos aportan elementos judiciales de alta importancia que permitirán establecer los niveles de participación de los señalados responsables, y atender el clamor de las víctimas que reclaman sanción.

Los nuevos informes son:

  • Retención y ocultamiento permanente de personas cometidas por las Farc-EP.
  • Retención y ocultamiento permanente de personas por parte de agentes del Estado.

Retención y ocultamiento permanente de personas cometidas por Las Farc-Ep.

La Fiscalía General de la Nación estableció que en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales para la toma del poder, las desmovilizadas Farc-EP atentaron contra los derechos de las personas, privándolas de su libertad y ocultando información acerca de su paradero.

El ente acusador da cuenta de 8.284 procesos por hechos de desaparición forzada de personas atribuidas a las Farc-EP, que representan a 9.257 víctimas, por los que hay  4.194 procesados. El primero de los casos ocurrió en el año de 1962  en el departamento de Tolima y el último hecho reportado se registró en diciembre de 2015 en el departamento de Nariño.

Con respecto a las víctimas, se estableció que 7.617 son hombres, mientras que 1.432 son mujeres y en 208 casos no se cuenta con sexo de la víctima.

En lo que tiene que ver con la edad, se encontró que la edad más recurrente está entre los 18 y 25 años con 1.697 investigaciones.

Los diez (10) departamentos que cuentan con el mayor número de hechos de desaparición forzada en el país son:

  1. Antioquia, 1.677 investigaciones (20.24%).
  2. Meta, 1.451 (17.51%).
  3. Caquetá, 605 (7.3%).
  4. Guaviare, 568 (6.85%).
  5. Putumayo, 451 (5.44%).
  6. Cundinamarca 436 (5.26%).
  7. Arauca 332 (4%).
  8. Tolima, 324 (3.91%).
  9. Nariño, 227 (2.74%).
  10. Santander, 221 (2.66%) investigaciones.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación logró que jueces emitan  22 sentencias condenatorias relacionadas con hechos de desaparición forzada que fueron proferidas contra miembros de las Farc-EP.

Retención y ocultamiento permanente de personas por parte de agentes del Estado.

La Fiscalía General de la Nación ha identificado un total de 294 procesos, con 675 víctimas identificadas. El primer caso registrado es del 9 de septiembre de 1977 en la ciudad de Barranquilla (Atlántico)  y el último registro  tuvo ocurrencia el 27 de diciembre de 2015 en el municipio de Buriticá (Antioquia).

En los registros se estableció que 1.244 personas han sido procesadas, de los cuales 815 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se vincularon por estos hechos a 94 integrantes de la Policía Nacional, 14 funcionarios del extinto  Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y 10 efectivos de la Armada Nacional.

De igual manera, se recopiló información sobre la vinculación de 226 integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (Gaoml). También se evidencia la vinculación 85 terceros, entre ellos dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Los registros muestran que en un (74,74%) de los casos el fenómeno se presentó en nueve departamentos o zonas críticas del país, entre ellos: Antioquia, Casanare, Santander, Meta, Magdalena, Bolívar, Bogotá D.C., Chocó y Norte de Santander.

La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y  trabajos informales en la ciudad.

Por estos hechos, la Fiscalía logró la condena de 253 personas, entre los que figuran 159 integrantes del Ejército, nueve de la Policía Nacional y un funcionario del extinto DAS, así como 77 integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (Gaoml) y siete particulares.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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