Mediante diferentes maniobras de engaño se habría apropiado de más de 620 millones de pesos. Recientemente había sido judicializada por hechos similares.
La Fiscalía General de la Nación identificó el presunto patrón delictivo de Judith Elbertes Jay Cuervo, una abogada que habría estafado a, por lo menos, 26 personas con falsos remates judiciales en Pereira y Dosquebradas (Risaralda).
La mujer es señalada de valerse de su formación profesional para contactar personas con el supuesto de tener conocidos en los juzgados civiles del departamento y algunas sucursales bancarias de Quindío, que le ayudarían a adquirir a bajo costo inmuebles y automotores que entraban en proceso de subasta.
Para ganar la confianza de los interesados y dar apariencia de legalidad a las aparentes gestiones que realizaba, les entregaba documentos con sellos, actas de remate y formatos de consignación en cuentas de depósitos judiciales.
De esta manera, entre 2021 y 2024, presuntamente recibió 624 millones de pesos de manos de ciudadanos que creyeron en los ofrecimientos. En todos los casos Jay Cuervo perdió contacto con las víctimas, dejó de contestar llamada y se quedó con los recursos que le confiaron.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Seccional Risaralda le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas agravadas. Los cargos fueron aceptados y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Recientemente, la mujer fue judicializada por actuaciones fraudulentas similares que dejaron 15 personas afectadas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca).
CLCG/AMCJ/LCHG/ALY/CEFC/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
