La mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del procesado.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a José Alberto Galeano, alias Puchi, de 31 años, por su presunta responsabilidad en el crimen de su expareja sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 24 de mayo en el sector El Maizal del barrio El Galán, en Manizales (Caldas).
De acuerdo con los elementos materiales probatorios expuestos por la Fiscalía en el desarrollo de las audiencias concentradas, la víctima fue hallada sin vida a la mañana siguiente de los hechos, cuando uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar luego de que la hermana del procesado entregara la información de lo sucedido.
Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cuello.
Elementos materiales probatorios indican que la mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia por parte del agresor. Testimonios recopilados señalan que la relación, que se extendió por cerca de dos años, estaría marcada por constantes maltratos físicos, verbales, psicológicos, sexuales y económicos.
Asimismo, se conoció que, en episodios recientes, el procesado habría intimidado a la víctima con la supuesta difusión de material íntimo a través de redes sociales.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Caldas le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
JLH/AMCJ/ACG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
