Serían las encargadas de ubicar, contactar y trasladar a pobladores que aceptaban hacer parte de la organización criminal en Chocó.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Mariela Isabel Garnot Mena y Yennys del Carmen Gaviria Cañavera, presuntas integrantes de la subestructura San Juan del ‘Clan del Golfo’ señaladas de identificar, contactar y trasladar personas para incorporarlas a ese grupo armado ilegal en diferentes municipios del Chocó.
Garnot Mena sería la encargada de coordinar lo relacionado con el transporte de los pobladores incorporados, administrar dineros asignados para esta actividad ilícita, facilitar las comunicaciones entre los cabecillas y gestionar el almacenamiento y envío de uniformes y otros elementos de uso exclusivo de la fuerza pública.
Por su parte, Gaviria Cañavera estaría implicada en labores de identificación y persuasión a jóvenes de entornos urbanos en Montería (Córdoba) para vincularlos al ‘Clan del Golfo’ y definir el posterior traslado a Chocó.
Las dos mujeres fueron capturadas por el Gaula de la Policía Nacional en Istmina (Chocó) y Monteria (Córdoba). Durante diligencia de registro y allanamiento realizada en el primer municipio fueron incautadas seis prendas, cuatro bufandas y cuatro pañoletas pixeladas y con características similares a las utilizadas por las fuerzas militares.
Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias. Los cargos no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMFO/LCHG/JARG/JMKD/DECOC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.oto:
