Por solicitud de fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI), jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad en cárcel a dos hombres que estarían involucrados en los homicidios de un líder social y de un reincorporado, en Tibú (Norte de Santander). Asegurado ‘Pichi’ William Fabián Caselles Quintero, alias Pichi,…
William Fabián Caselles Quintero, alias Pichi, señalado integrante de ‘Los Pelusos’, fue judicializado como presunto responsable del homicidio del reincorporado de las FARC, Wrainer Andrés Bayona Blanco, y dos personas más, en un ataque armado ocurrido el 3 de febrero de 2017.
Alias Pichi, sería el presunto responsable del homicidio del reincorporado de las FARC, Wrainer Andrés Bayona Blanco, y dos personas más.
Alias Pichi fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones agravado.
Judicializado Braques
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Dixon Torres Quintero, alias Braques, supuesto integrante del frente 33 de las disidencias de las FARC.
Alias Braques, habría participado en el crimen del líder social Álvaro Bayona, el 4 de abril de 2018, en Tibú.
Este hombre habría participado en el crimen del líder social Álvaro Bayona, quien fue asesinado con arma de fuego el 4 de abril de 2018, en vía pública de Tibú (Norte de Santander).
Torres Quintero fue imputado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/AA/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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