El grupo ilegal utilizaba información de los beneficiarios para acceder de manera fraudulenta a sistemas de información, suplantar su identidad y retirar los dineros.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba).
Las evidencias indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos. Para ello, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros.
Durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.
Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.
Durante los procedimientos de captura de estas 11 personas, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vivienda ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas, varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.
Por decisión de un juez de control de garantías, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cinco más deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
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