Tras denuncia instaurada por el INCO,\u00a0 ahora Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),\u00a0 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imputar\u00e1 cargos por prevaricato y concusi\u00f3n en contra de la Juez Segunda Civil del Circuito de Buga (Valle del Cauca), Norella Acosta Tenorio.<\/p>\n
De acuerdo con el fiscal del caso, la juez desacat\u00f3 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le orden\u00f3 la nulidad de la resoluci\u00f3n que obliga al Estado al pago de 16 mil millones de pesos a la familia Grajales T\u00e9llez, por el inmueble denominado El Parador de Buga, por donde se construye la v\u00eda que de ese municipio conduce a Buenaventura (Valle del Cauca).<\/p>\n
Seg\u00fan el ente acusador, en el a\u00f1o 2005 se realizaron 7 aval\u00faos al inmueble por 2100 millones pesos, cifra que le fue ofrecida a los propietarios, quienes se negaron por considerar que el negocio ten\u00eda un prestigio, reconocimiento y el precio a futuro tend\u00eda a valorizar por metro cuadrado.<\/p>\n
\u201cEn los casos de expropiaci\u00f3n, como el que nos convoca, el aval\u00fao no contempla el Good Will<\/em> o el\u00a0 Know How<\/em>, es decir el buen nombre o prestigio comercial, tal y como lo hizo la juez Acosta Tenorio al proferir la sentencia que calcul\u00f3 muy por encima del justo valor del predio\u201d, agreg\u00f3 el delegado fiscal.<\/p>\n La Fiscal\u00eda cuenta con documentos, grabaciones e interceptaciones telef\u00f3nicas en las que aparece la juez cobrando un porcentaje ilegal por el fallo proferido que afecta las arcas del Estado.<\/p>\n Entre tanto, fueron solicitadas a un juez penal, se profieran las respectivas medidas cautelares que suspendan de manera provisional el pago de la cifra que a precio de hoy,\u00a0 asciende a 34 mil millones, por los supuestos perjuicios e intereses ocasionados durante\u00a0 varios a\u00f1os que lleva este litigio.<\/p>\n <\/p>\n CMR\/DLBM<\/p>\n <\/p>\n\n