La Fiscal General de la Naci\u00f3n, Viviane Morales Hoyos, afirm\u00f3 con respecto a las dificultades en la aplicaci\u00f3n de la Ley de Justicia y Paz que \u201cno podemos arriesgarnos a que este primer intento de justicia transicional que se ha hecho en la historia de Colombia fracase\u201d.<\/p>\n
Tal aseveraci\u00f3n la hizo la alta funcionaria en la Comisi\u00f3n Primera de la C\u00e1mara de Representantes que este mi\u00e9rcoles aprob\u00f3 por unanimidad, en primer debate, el proyecto de ley que contempla mecanismos para dinamizar la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, a cuyo tenor hay 4.600 postulados que otrora integraron grupos armados al margen de la legalidad.<\/p>\n
\u201cMe duele cuando se caricaturiza el proceso de justicia y paz\u201d porque \u201chemos avanzado en consecuci\u00f3n de la verdad y en reconocimiento de las v\u00edctimas\u201d, afirm\u00f3 la Fiscal.<\/p>\n
Morales Hoyos se\u00f1al\u00f3 a los representantes que desde la entrada en vigencia de esa normativa 55 mil v\u00edctimas han asistido a las audiencias de justicia y paz, y esas personas han formulado a los postulados 22.7000 preguntas; tambi\u00e9n esas diligencias han sido transmitidas en directo a 535 municipios, \u201ceste proceso est\u00e1 construyendo un pa\u00eds distinto\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
La Fiscal se\u00f1al\u00f3 que en este proceso1.006 postulados han pedido perd\u00f3n a las v\u00edctimas, y que ahora a la b\u00fasqueda de la verdad, de la justicia y de la reparaci\u00f3n hay que sumarle \u201cel valor de la palabra perd\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Al referirse las propuestas que recoge el proyecto reformatorio de la Ley 975 presentado por la Fiscal\u00eda, inform\u00f3 que el mismo es el resultado de consultas a los fiscales que sirven en la Unidad Nacional de Justicia y Paz.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que tal iniciativa propone reducir a dos audiencias, en lugar de las cuatro que se efect\u00faan, una de imputaci\u00f3n ante los magistrados de control de garant\u00edas y otra audiencia en la que se formulan cargos, se aceptan cargos, se legalizan cargos y se anuncia el sentido de la sentencia.<\/p>\n
Al referirse al incidente de reparaci\u00f3n explic\u00f3 que se pretende dejar para despu\u00e9s de la sentencia, tal y como se hace en la justicia ordinaria, y \u201c no es en detrimento de las v\u00edctimas\u201d, porque cuando se conoce la sentencia pronto, la v\u00edctima sabe que ya existe una obligaci\u00f3n para con ella. <\/p>\n
Para sustentar la necesidad de ese cambio, dijo que actualmente hay 451 solicitudes de audiencia de imputaci\u00f3n que no se han podido llevar a cabo, 195 audiencias para formular cargos, 100 audiencias en espera de control de legalizaci\u00f3n de cargos y hay 33 postulados a quienes se les realiz\u00f3 audiencia de imputaci\u00f3n de cargos que ya tendr\u00edan sentencia si no existiera el art\u00edculo que consagra primero el incidente de reparaci\u00f3n, \u201choy no estar\u00edamos hablando de cuatro sentencias sino de 37\u201d, a\u00f1adi\u00f3 la Fiscal.<\/p>\n
CASOS COMPLEJOS<\/p>\n
Con respecto a la complejidad de los casos que se est\u00e1n investigando, indic\u00f3 que esos procesos requieren una metodolog\u00eda investigativa diferente a la de los procesos que tiene la justicia ordinaria, por ello se requiere \u201cuna mirada distinta\u201d como la de las versiones colectivas y el impulso para efectuar imputaciones y formulaciones colectivas por delitos colectivos.<\/p>\n
Ya con relaci\u00f3n al criterio de priorizaci\u00f3n contemplado en el iniciativa de reforma, la Fiscal General explic\u00f3 que esa priorizaci\u00f3n se basa en criterios internacionales y contempla aspectos subjetivos por raz\u00f3n de las v\u00edctimas o de los autores, y objetivos en raz\u00f3n de las conductas.<\/p>\n
Subray\u00f3 que aqu\u00ed \u201ctodas las conductas son graves, sin embargo, hay que priorizar algunas de mayor gravedad por raz\u00f3n de su significado hist\u00f3rico y por los patrones del delito cometido\u201d.<\/p>\n
,La Fiscal argument\u00f3 a los representantes que otro aspecto cobijado en el proyecto reformatorio es el atinente a la persecuci\u00f3n y aseguramiento de los bienes destinados a las v\u00edctimas que no est\u00e1 regulado en la Ley 975.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a la ausencia de criterios de exclusi\u00f3n de los postulados que tiene la Ley de Justicia y Paz y que busca corregir el proyecto de reforma. \u201cHemos recibido muchas quejas de casos de extorsiones y de chantajes que se est\u00e1n dando por desmovilizados, y que no hemos podido excluir del proceso\u201d porque se requiere, seg\u00fan la consideraci\u00f3n de la Corte, una sentencia.<\/p>\n
\u201cNo podemos permitir que de paramilitares confesos pasen a ser extorsionistas\u201d, por eso la iniciativa plantea criterios claros de exclusi\u00f3n, como el de no volver a incurrir en conductas delictivas, puntualiz\u00f3 la Fiscal General, quien resalt\u00f3 los aportes enriquecedores hechos al proyecto de ley tanto por el Ejecutivo como por los ponentes.<\/p>\n