La Directiva No. 0003 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n brinda las pautas para realizar la persecuci\u00f3n penal de los cr\u00edmenes de guerra en el territorio nacional. Es decir, dar los lineamientos para que los fiscales ejerzan la acci\u00f3n penal sobre los hechos que revistan las caracter\u00edsticas de un crimen de guerra.<\/p>\n
En primer lugar, la Directiva aclara que el derecho internacional humanitario (en adelante, \u201cDIH\u201d) es el conjunto de normas que regula la manera de librar las hostilidades en un conflicto armado \u2013 nacional o internacional \u2013. As\u00ed mismo, dice que para determinar la existencia de un conflicto armado no internacional, existen criterios objetivos que han sido formulados por la jurisprudencia internacional, y que, en consecuencia, la existencia de un conflicto armado interno no depende de una expresi\u00f3n estatal sino del cumplimiento de unos criterios objetivos.<\/p>\n
La Directiva retoma la jurisprudencia internacional que ha resumido en dos los elementos generales para determinar la existencia de un conflicto armado no internacional: (i) la organizaci\u00f3n suficiente de un grupo armado; y (ii) el umbral suficiente de hostilidades. Por lo tanto, cuando en el territorio nacional se cuente con un grupo armado organizado que mantenga un nivel de hostilidades lo suficientemente intenso, se podr\u00e1 afirmar que existe un conflicto armado. La Directiva aclara que para que una agrupaci\u00f3n sea considerada como un grupo armado no debe contar con ninguna motivaci\u00f3n ideol\u00f3gica o filos\u00f3fica, ni que la existencia del conflicto armado confiere alg\u00fan estatus especial para las partes.<\/p>\n
Cuando se comprueba la existencia de un conflicto armado se activa la jurisdicci\u00f3n del DIH en el territorio nacional. En consecuencia, el r\u00e9gimen de los derechos humanos pasa a ser interpretado a la luz del DIH. Esto hace posible realizar conductas que bajo el r\u00e9gimen exclusivo de los derechos humanos constituir\u00edan hechos il\u00edcitos, como, por ejemplo, la realizaci\u00f3n operaci\u00f3n militares que en su planeaci\u00f3n involucren el uso de fuerza letal. De esta forma, si las conductas de la Fuerza P\u00fablica se ajustan a las normas y principios del DIH ser\u00e1n at\u00edpicas, por lo cual frente a las mismas no habr\u00e1 lugar a ning\u00fan reproche penal.<\/p>\n
Esto implica que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no perseguir\u00e1 penalmente a los miembros de la Fuerza Publica que planeen y ejecuten operaciones militares con fuerza letal \u2013 bombardeos, por ejemplo \u2013 en contra de los grupos armados lo suficientemente organizados y hostiles. As\u00ed, las llamadas \u201cbandas criminales\u201d que cumplan con los criterios antes descritos, y por lo tanto se conviertan en grupos armados, se les podr\u00e1 atacar con fuerza letal de una manera leg\u00edtima<\/p>\n
Por \u00faltimo, la Directiva establece que en el \u00e1mbito internacional se ha venido presentando una ampliaci\u00f3n en la criminalizaci\u00f3n de las violaciones al DIH en los conflictos armados internos. Este proceso se ha evidenciado en la pr\u00e1ctica de los Estados y se cristaliz\u00f3 como costumbre internacional en el a\u00f1o de 1977 con la adopci\u00f3n del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. En consecuencia, se afirma que en Colombia se pueden investigar, juzgar y sancionar violaciones al DIH desde el a\u00f1o de 1977, por lo que hechos como la toma y retoma del Palacio de Justicia ser\u00e1n susceptibles de ser considerados como cr\u00edmenes de guerra.<\/p>\n
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