Doce personas que habr\u00edan participado en operaciones que dejaron sin alimento a 1.178 ni\u00f1os entre 0 y 5 a\u00f1os que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fueron capturadas por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de la Fiscal\u00eda en Barranquilla. El il\u00edcito tambi\u00e9n afect\u00f3 a madres gestantes y lactantes.<\/p>\n
La acci\u00f3n judicial se realiz\u00f3 porque la exdirectora del ICBF en Atl\u00e1ntico Yolanda Ruiz, el representante legal de la Uni\u00f3n Temporal Unidos por la Ni\u00f1ez, Luis David Avenda\u00f1o, su hijo Luis David Avenda\u00f1o Fern\u00e1ndez, 4 supervisores de contratos, as\u00ed como el tesorero y el contador de la uni\u00f3n temporal y otras personas m\u00e1s habr\u00edan participado en el desfalco contra la entidad, que impidi\u00f3 la atenci\u00f3n adecuada a los infantes de estratos 0, 1 y 2 de los municipios de Tubar\u00e1 y Ponedera, en el departamento de Atl\u00e1ntico.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda los investiga por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n, celebraci\u00f3n indebida de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. En total, los dos contratos alcanzan la suma de 2461 millones de pesos y el informe preliminar se\u00f1ala un detrimento patrimonial de 600 millones de pesos.<\/p>\n
Los capturados habr\u00edan cometido irregularidades en la ejecuci\u00f3n de las dos convenciones, celebradas entre el ICBF y la Uni\u00f3n Temporal Unidos por la Ni\u00f1ez, para promover el desarrollo integral de la primera infancia en los municipios de \u00a0Tubar\u00e1 y Ponedera.<\/p>\n
Fueron el contrato No.331, por valor de $1.208.000.000 para atender a 578 beneficiarios mediante la modalidad desarrollo infantil en medio familiar, en el municipio de Tubar\u00e1, y el contrato No.346, por valor de $1.253.000.000, para atender a 600 beneficiarios mediante la modalidad desarrollo infantil en medio familiar, en el municipio de Ponedera. Estos fueron suscritos en diciembre del 2014.<\/p>\n
El Fiscal General de la Naci\u00f3n (e), Jorge Fernando Perdomo, explic\u00f3 que entre los hallazgos m\u00e1s relevantes se encuentran sobrecostos en los refrigerios y mercados, pagos de c\u00e1nones de arrendamiento que no hac\u00edan parte del objeto del contrato, destinaci\u00f3n de recursos para fines diferentes a los contratados, as\u00ed como irregularidades en el proceso de selecci\u00f3n del contratista, por cuanto este no re\u00fane ni las capacidades t\u00e9cnicas ni financieras para ejecutar el contrato.<\/p>\n
Asimismo, se estableci\u00f3 que el personal postulado ya se encontraba vinculado en otros contratos. Por estas razones, se ha hallado hasta ahora un detrimento cercano a los 600 millones de pesos.<\/p>\n
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AAEA<\/p>\n
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Rueda de prensa Jorge Fernando Perdomo Torres,\u00a0<\/strong>Fiscal General de la Naci\u00f3n (e) y\u00a0<\/strong>Luis Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana<\/strong><\/p>\n