Un Juez especializado de Cali acogi\u00f3 los argumentos de la Fiscal\u00eda y conden\u00f3 a 12 personas, entre ellas dos ex concejales de esa ciudad, por la apropiaci\u00f3n ilegal de 950 millones de pesos, que hac\u00edan parte del presupuesto asignado por la Alcald\u00eda en el 2004 para ampliar la cobertura escolar en los sectores m\u00e1s deprimidos de la capital del Valle. <\/p>\n
En la investigaci\u00f3n, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n determin\u00f3 que las entidades educativas que actuaron como contratistas presentaron estados financieros basados en documentos que no cumpl\u00edan con los requisitos legales exigidos, con el prop\u00f3sito de justificar fraudulentamente los gastos y as\u00ed obtener los pagos por parte de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cali. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n descubri\u00f3 que los docentes contratados por esas entidades deb\u00edan firmar recibos de n\u00f3mina en los que acreditaban recibir como sueldo cifras superiores a las que verdaderamente devengaban. <\/p>\n
Por es raz\u00f3n, el fiscal del caso concluy\u00f3 que hubo una divisi\u00f3n del trabajo, la comisi\u00f3n de varios il\u00edcitos y la permanencia en el tiempo de una estructura ilegal, creada con la finalidad de vulnerar varios derechos jur\u00eddicamente tutelados.<\/p>\n
Por los hechos investigados, el Juez conden\u00f3 a los procesados por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Los afectados por la decisi\u00f3n son: Martha Luc\u00eda Guzm\u00e1n Londo\u00f1o, V\u00edctor Hern\u00e1n Quesada Londo\u00f1o y Ana Luc\u00eda Torres Guti\u00e9rrez, directivos de las entidades contratistas, condenados a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Mar\u00eda Hilda \u00e1ngel Murillo y Jaime Eduardo Mosquera, contratistas; Alex\u00e1nder Cer\u00f3n, ex asesor de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cali, y Mauricio Mej\u00eda L\u00f3pez y Luis Mario Cuervo Villafa\u00f1e, ex concejales de Cali, sentenciados a cinco a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente fueron condenados: Gloria Patricia Recalde Folleco, Diana Paola Vald\u00e9s Cort\u00e9s y Esperanza Aranzazu Orrego, empleadas de las empresas contratistas, y Walter Fernando Trejos, particular que actu\u00f3 como tramitador, quienes deber\u00e1n purgar una condena de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n\n