Las macroimputaciones solicitadas por la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00eda Nacional Especializada de Justicia Transicional ante la Magistratura de Justicia y Paz est\u00e1n dirigidas contra 488 postulados por cerca de 19 000 hechos delictivos, en los cuales resultaron afectadas m\u00e1s de 64 000 v\u00edctimas.<\/p>\n
De esta manera se da\u00a0 inicio al cierre adecuado y gradual de las investigaciones contra las macroestructuras paramilitares, implementada por la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional de la Fiscal\u00eda y que comprende a 488 postulados y el cierre de las siguientes macroestructuras criminales:<\/p>\n
El Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo, aclar\u00f3 que \u201centre los m\u00e1ximos responsables de estas macroestructuras que fueron imputados se encuentran Salvatore Mancuso G\u00f3mez, alias el Mono Mancuso; Iv\u00e1n Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto B\u00e1ez, Freddy Rendon Herrera, alias el Alem\u00e1n; Miguel de Jes\u00fas Piraban, alias el Jorge Pirata; Arnubio Triana Mahecha, alias Botal\u00f3n; Hern\u00e1n Giraldo Serna, alias el Patr\u00f3n; y Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias el \u00c1guila.<\/p>\n
El representante del ente investigador explic\u00f3 algunos de los hechos emblem\u00e1ticos cometidos por estas estructuras, como los que le fueron imputados al Bloque Central Bol\u00edvar, entre los que se cuentan dos casos de empalamiento, desaparici\u00f3n forzada, tortura y secuestro en el departamento de Putumayo, municipio de San Miguel \u2013 inspecci\u00f3n La Dorada, el 28 de diciembre de 2000.<\/p>\n
Igualmente, la incursi\u00f3n en esa misma inspecci\u00f3n el 21 de septiembre de 2000, donde hubo m\u00e1s de 30 personas desaparecidas y cerca de 300 desplazadas.<\/p>\n
Frente al Bloque Elmer C\u00e1rdenas afirm\u00f3 el Vicefiscal Perdomo, se imput\u00f3 el desplazamiento forzado luego de la masacre de Bojay\u00e1, en mayo de 2002.<\/p>\n
Al Bloque Centauros se le atribuy\u00f3 la masacre ocurrida el 17 de febrero de 2001 en el barrio Caracol\u00ed, Altos de Casuca, del Municipio de Soacha (Cundinamarca), donde fueron asesinados los j\u00f3venes Elver Adrian Bueno Lopera, Adonai Vargas Ardila, Dalavier Cubillos Lesma, Jhon Alexander Cepeda Franco y Leonardo Rodr\u00edguez.<\/p>\n
Por otra parte, a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyac\u00e1, se les imput\u00f3 la desaparici\u00f3n forzada, con participaci\u00f3n de miembros del Ej\u00e9rcito Nacional, de los investigadores del CTI de Bucaramanga Alirio Achipiz Achipiz y Antonio Contreras Calder\u00f3n, y un menor de edad; en hechos ocurridos en San Vicente de Chucuri (Santander), el 22 de junio de 1994.<\/p>\n
Otro de los Bloque imputados es el C\u00f3rdoba, por la masacre de Saiza \u2013 Tierra Alta C\u00f3rdoba, perpetrada el 14 de julio de 1998.<\/p>\n
Finalmente el Bloque Cundinamarca fue imputado por el caso de mujeres campesinas y l\u00edderes de los sectores de influencia de ese bloque, quienes sufrieron violencia sexual y otras formas de violencias basadas en g\u00e9nero, debido al dominio paramilitar en la regi\u00f3n. Al respecto, se han ubicado aproximadamente 15 casos, en los que se ha realizado un abordaje interinstitucional para la investigaci\u00f3n. \u201cHemos querido que en estos casos de abuso sexual la investigaci\u00f3n o abordaje del caso no s\u00f3lo se haga por parte de la Fiscal\u00eda sino de otras instituciones\u201d, afirm\u00f3 el Vicefiscal General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
De esta manera comienza el proceso formal de judicializaci\u00f3n ante los magistrados por los delitos o patrones de macrocriminalidad esclarecidos, y se posibilita la intervenci\u00f3n de las partes en las audiencias p\u00fablicas para conocer la verdad de lo sucedido y establecer la responsabilidad de los postulados en los hechos denunciados por las v\u00edctimas o investigados de oficio.<\/p>\n
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MRB\/DLBM<\/p>\n
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