Un juzgado penal del circuito especializado de Antioquia conden\u00f3 a Sor Teresa G\u00f3mez \u00c1lvarez y Benito Molina Velarde, como autora y coautor penalmente responsables de los delitos de destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos, deportaci\u00f3n, expulsi\u00f3n, traslado o desplazamiento forzado de poblaci\u00f3n civil; lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado.<\/p>\n
Sor Teresa G\u00f3mez, quien acept\u00f3 los cargos, era investigada por los hechos que son resultado del accionar de una organizaci\u00f3n al margen de la ley como el paramilitarismo en la regi\u00f3n del Urab\u00e1 Antioque\u00f1o.<\/p>\n
Entre los a\u00f1os 1994 y 1997, los grupos que conformaron la estructura de las Autodefensas Unidas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1 (ACCU), posteriormente convertidas en las (AUC), a cargo de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Casta\u00f1o Gil, hicieron presencia mediante actos de violencia y barbarie en contra de la poblaci\u00f3n civil en una zona denominada La Tulapa, ubicada en los municipios de Turbo y Necocl\u00ed (Antioquia).<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n buscaba la salida de sus habitantes y de grupos se\u00f1alados como simpatizantes o militantes de las FARC, seg\u00fan ellos para homogenizar pol\u00edticamente y pacificar la regi\u00f3n, a trav\u00e9s del desplazamiento forzado de los pobladores, amenazas, homicidios selectivos y m\u00faltiples desapariciones forzadas, desatando el abandono de tierras por parte de los habitantes y ocupantes y posterior despojo en dicha regi\u00f3n.<\/p>\n
Una vez conseguido este objetivo, G\u00f3mez \u00c1lvarez fue enviada por Vicente Casta\u00f1o a legalizar las tierras, lo que se logr\u00f3 a trav\u00e9s de un acuerdo con el Fondo Ganadero de C\u00f3rdoba, compuesto por Benito Osorio Villadiego (gerente), Benito Molina Velarde (presidente) y los dem\u00e1s miembros de la Junta Directiva, quienes se encontraban en la misma Finca 52 ese d\u00eda, los cuales acordaron comprar entre 5000 y 6000 hect\u00e1reas, evitando as\u00ed el retorno a sus tierras de la poblaci\u00f3n desplazada.<\/p>\n
G\u00f3mez \u00c1lvarez fue la que, a trav\u00e9s de enga\u00f1os, intimidaciones y presiones, convenci\u00f3 a los campesinos para que vendieran sus predios a un precio menor y acudieran a la sede de la Fundaci\u00f3n para la Paz de C\u00f3rdoba (Funpazcor), para firmar un documento formateado donde le otorgaban poder a Sor Teresa G\u00f3mez, facult\u00e1ndola para vender su predio al Fondo Ganadero de C\u00f3rdoba.<\/p>\n
En el curso de la investigaci\u00f3n se determin\u00f3 que el procesado Benito Molina Velarde pudo haber tenido participaci\u00f3n en los hechos investigados, por lo que una Fiscal\u00eda de la Direcci\u00f3n Nacional de An\u00e1lisis y Contextos dispuso la apertura de investigaci\u00f3n previa en el a\u00f1o 2013;\u00a0para el 2014 se decret\u00f3 la apertura formal de instrucci\u00f3n, ordenando la vinculaci\u00f3n al proceso de Molina Velarde por la presunta comisi\u00f3n de delitos de concierto\u00a0 para delinquir, lavado de activos agravado y desplazamiento forzado agravado. Delitos por los que fue aprehendido.<\/p>\n
Molina Velarde acept\u00f3 cargos y deber\u00e1 pagar una condena de 16 a\u00f1os y 8 meses de prisi\u00f3n y una multa de 25.789 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, que ser\u00e1n pagados a favor de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. Por otro lado, Sor Teresa G\u00f3mez fue sentenciada a 12 a\u00f1os, 4 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n, as\u00ed como a una multa econ\u00f3mica.<\/p>\n
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LMFO\/DLBM<\/p>\n
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