Al resolverles situaci\u00f3n jur\u00eddica a ocho militares procesados por su presunta responsabilidad en la muerte de un particular, un fiscal les impuso sendas medidas de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva sin beneficio de excarcelaci\u00f3n.<\/p>\n
Los hechos que originaron la investigaci\u00f3n ocurrieron el 13 de marzo de 2005, cuando en jurisdicci\u00f3n del municipio de Guarne (Antioquia) uniformados de la Cuarta Brigada del Ej\u00e9rcito, con sede en Medell\u00edn, dieron de baja en supuesto combate a Sandro Alberto Montoya Mej\u00eda.<\/p>\n
En desarrollo de la investigaci\u00f3n el fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del caso consider\u00f3 procedente sindicar por el delito de homicidio en persona protegida a: Edgar Andr\u00e9s Torres Hurtado, Andr\u00e9s Cervantes Blanco, C\u00e9sar Felipe Castillo, Carlos Alberto Villa Ca\u00f1\u00f3n, Henry Alberto Herrera Pereira, Joaqu\u00edn Ferney Hidaglo Higuita, John Jairo Posada Arroyave, y Dar\u00edo Bland\u00f3n Ruiz.<\/p>\n
Esas personas cumplen la medida restrictiva de libertad en guarniciones militares.<\/p>\n\n